Diez años después de la Ley de Dependencia

Diez años después de la implantación de la Ley de Dependencia deben aplicarse los cambios sustanciales que permitan cumplirla. Tras estos años, la prestación que se ofrece es insuficiente : «350.000 personas dependientes permanecen en el “limbo” de la lista de espera».

El 14 de Diciembre de 2016 cuando se cumplía el X Aniversario de la Ley se acordó un pacto en el Congreso por la finalización de las listas de espera.

Algunas evidencias por las que se llega a este acuerdo son:

• El 26% de las personas en situación de dependencia no recibe ninguna prestación o servicio.
• El 35% de las personas que aún no han sido atendidas son de grado II y III. Es decir, necesitan apoyo extenso y continuado en ocasiones.
• 150.000 personas dependientes y derecho reconocido de prestación han fallecido antes de recibir ayuda (últimos 5 años).
• La reducción de financiación y la disminución de las cuantías de las prestaciones son un hecho (2.236 y 1.000 mill/€ respectivamente).
• No se evalúa el impacto negativo de género debido a la feminización de los cuidados.
• Alta desigualdad entre Comunidades Autónomas.

Actualmente, 90 personas fallecen al día en nuestro país sin haber recibido la atención necesaria. Sus derechos no han sido satisfechos. El pasado año, se produjeron ciertos avances pero en ningún caso suficientes. «…carece de suficiente ritmo como para dar cobertura en un plazo razonable a las 355.596 personas que están al finalizar el año en espera».

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales declara que el reto de alcanzar la plena atención es imposible con las líneas de actuación del momento. El 71% de las personas valoradas como dependientes son atendidas. El restante 29% (348.309 personas) aún están a la espera.

Pacto de Estado por la dependencia:

Los portavoces parlamentarios del Congreso firmaron el 14 de Diciembre el pacto por la dependencia. A excepción del PP y PNV, el resto de partidos apoya un acuerdo para poner en marcha las estrategias necesarias:

1. Aumentar la financiación por lo menos hasta alcanzar los niveles de 2012.
2. Pacto entre el Gobierno y las Comunidades para acabar con el «limbo» de la dependencia (desatención).
3. Establecer un modelo estable de financiación.
4. Cualquier modificación de la ley se realizará por consenso parlamentario.
5. Transparencia en el Sistema de Información de la dependencia.