Ayudas económicas para personas mayores en situación de dependencia

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia recoge ayudas económicas para ancianos dependientes. A través de esta Ley, se gestiona el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que agrupa las ayudas y prestaciones. Éstas protegen y atienden a las personas en situación de dependencia mediante los Servicios Sociales pertinentes.

Es importante tener en cuenta que la Ley de Dependencia prioriza los servicios (que se gestionan con la Red de Servicios Sociales) frente a las prestaciones económicas. Los servicios de atención a la dependencia a los que se puede optar son variados. Por ejemplo la teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio o los centros de día. Las prestaciones económicas que detallamos a continuación cumplen una serie de requisitos y condiciones:

  • Se accede a ellas tras la valoración del grado de dependencia de la persona beneficiaria y el reconocimiento de la situación de dependencia.
  • Estas prestaciones económicas dependen de la capacidad económica (renta y patrimonio) de la persona beneficiaria. Ésta participa de la cuantía de la prestación.
  • Además, no computan como ingresos para las pensiones no contributivas.
  • Las prestaciones también se destinarán a la promoción de la autonomía. De tal manera que se podrán recibir ayudas económicas para la obtención de ayudas técnicas o para la adaptación del hogar y accesibilidad.

Prestaciones económicas de la Ley de Dependencia

Las ayudas económicas para ancianos dependientes según esta Ley pueden ser de tres tipos:

  1. La prestación vinculada a la adquisición de un servicio cuando no se pueda acceder a uno público o concertado. Las administraciones deberán comprobar que la prestación se utiliza en el servicio de atención o cuidado para el que fue asignado. El objetivo es abarcar el gasto del servicio que se necesite según el PIA (Programa Individual de Atención).
  2. La prestación económica para los cuidados en el entorno familiar y para el apoyo de los cuidadores informales. Esta prestación pueden solicitarla los cuidadores no profesionales que atienden a un familiar en el hogar. En concreto el cónyuge o algún familiar cercano de hasta el tercer grado de parentesco. Para solicitar esta prestación, la persona cuidadora ha debido realizar esta actividad como mínimo un año antes de pedirla. Además, la Ley de Dependencia favorece distintas acciones formativas para cuidadores no profesionales desde el sistema público de servicios sociales, sanitarios y educativos. Los cuidadores familiares tendrán la prioridad necesaria para acceder a las formaciones.
  3. La prestación de la asistencia personal tiene como fin último el fomento de la autonomía de la persona en situación de dependencia. Sin importar el grado de dependencia asignado, se podrá contratar a un asistente personal que promueva e incremente la realización de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD).

Estas ayudas económicas para ancianos dependientes en teoría son incompatibles entre ellas. Las administraciones correspondientes establecen ciertas compatibilidades de las prestaciones para la mejora de la autonomía, la atención o el cuidado.

Finalmente, recordar que para cualquier duda al respecto, consúltenos a través de nuestro formulario de contacto y le asesoraremos en lo que necesite: Formulario de contacto.

 

Fuente:

Portal de la Dependencia (IMSERSO)

 

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